La tecnología emplaza al arbitraje a asumir su responsabilidad social

Durante la pandemia la tecnología está demostrando, una vez más, su utilidad y, por tanto, su futuro como vía de resolución de conflictos.

Para el arbitraje, la aplicación de las herramientas tecnológicas ha resultado ser la palanca que necesitaba para consolidar y poner en valor sus indiscutibles ventajas. La implementación y empleo normalizada de las soluciones tecnológicas no solo refuerza las existentes características de tales procedimientos -flexibles, prácticos, transnacionales etcétecera- sino que potencia su agilidad y seguridad, reduciendo además sus costes, «democratizando» su acceso.

Así lo han entendido las grandes instituciones arbitrales de todo el mundo. Éstas, desde Nueva York, Londres, pasando por Seúl, hasta París, empujadas también por la actual crisis de salud, se han apresurado a regular la aplicación de la tecnología a sus procedimientos arbitrales. Este rápido ajuste se ha logrado gracias a la naturaleza pro resolutiva, pactista y flexible del propio sistema arbitral, que ha permitido el seguir administrando justicia, dando solución a los procedimientos en curso y dirimiendo, incluso en tiempos de confinamiento, nuevas disputas.

Haciendo uso de esta capacidad de adaptación, estas instituciones han emitido protocolos que abordan, entre otros, los requisitos técnicos que deben concurrir para que los procedimientos arbitrales tramitados virtualmente gocen de todas las garantías procesales. Ciberseguridad, protección de datos, confidencialidad, conectividad, velocidad de las conexiones, requisitos en la práctica de la prueba online, accesibilidad a documentos, identidad de las partes, e incluso ajustes de usos horarios en arbitrajes internacionales, son algunos de los asuntos que tratan.

La Asociación Americana de Arbitraje (AAA) (juntamente con el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR)) con sede en Nueva York ha promulgado un modelo para la optimización del uso de las audiencias virtuales, incluyendo detalles técnicos como que las sesiones tengan una identificación (ID meetings) individualizadas o que los participantes atiendan usando conexiones de Internet seguras y no públicas porque presentan el riesgo de que terceros ajenos al procedimiento puedan «infiltrarse». Esta institución, en particular, incluso va más allá y ya dispone de un software y herramientas online específicas para la resolución de disputas.

Desde Nueva York ya se ha identificado cómo la falta de previsión en temas técnicos puede comprometer las garantías del proceso. En igual sentido, el Chartered Institute of Arbitrators de Londres ha emitido una guía recomendando, en la medida de lo posible, el uso de la tecnología para la celebración de audiencias, que pueden ser enteramente o parcialmente en remoto, y regula aspectos concretos como la no accesibilidad a las deliberaciones del tribunal arbitral. El Protocolo de Seúl sobre Vídeo Conferencias en Arbitraje Internacional da respuesta a varios temas controvertidos: uno de ellos es el interrogatorio de testigos y los requisitos formales que se han de contemplar al tomar declaración (i.e. mesas despejadas, claridad visual del testigo), otro es la calidad técnica de las retransmisiones exigiéndose por ejemplo ciertas velocidades de transmisión o la resolución HD como tecnología mínima standard. Este grado de detalle es de gran utilidad ya que soluciona aspectos concretos que, de resolverse, caso por caso, comporta retrasos.

Centrándonos en Europa, subrayar la tarea de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, que en abril pasado promulgó un modelo respecto a protocolos cibernéticos en aras a organizar las audiencias virtuales.

De forma más global, hay que destacar cómo instituciones de todo el mundo han cooperado para logar acuerdos en materia de seguridad tecnológica. El Consejo Internacional de Arbitraje Comercial (International Council for Commercial Arbitration – ICCA), la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (New York City Bar Association) y el Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos (International Institute for Conflict Prevention and Resolution – CPR) con el apoyo de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya han elaborado conjuntamente el Protocolo en Ciberseguridad en Arbitraje Internacional (Edición 2020), un marco normativo para que tribunales, partes e instituciones arbitrales tengan una guía en cuanto a las medidas de seguridad aplicables a procedimientos arbitrales.

Los esfuerzos realizados para acompasar tecnología y derecho marcan el camino de futuro. Nos debemos felicitar por este avance, polinizarlo a todas aquellas instituciones que aún no la han incorporado y trabajar para revertir la disposición material del arbitraje de base y tradición presencial a una mayor realidad virtual. Solo así, podremos minimizar las reticencias al uso -tiempo y costes- de la figura del arbitraje y darle un acceso más transversal, un nuevo horizonte.

Hemos de entender que el arbitraje es un activo social. Las instituciones que reconocen este hecho son las mismas que están realizando este esfuerzo por ajustar sus protocolos a la realidad tecnológica, las que gestionan el mayor número de casos en el mundo y las que, por tanto, cuentan con mayor capacidad para incidir en el devenir de la sociedad. Si a mediados del siglo XX, el arbitraje se posicionó como respuesta a los problemas que planteaba la globalidad de los negocios (hoy por hoy sigue siendo el mecanismo de resolución de disputas que mejor entiende el elemento internacional) ahora debe seguir abriendo camino a otra realidad, haciendo uso de la tecnológica como medio para lograr una mayor proximidad y accesibilidad social.

Incorporando estos ajustes, el arbitraje podrá afianzarse como un mecanismo generoso, útil y funcional, corrigiendo ciertas disfunciones y dispuesto a asumir su responsabilidad social.

Enrique marinel-lo / Sandra marchmarinel-lo

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